A- de 2025

Conflictos, acumulados, entre autoridades de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Superintendencia de Sociedades, suscitados por una demandas, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instauradas por unos ciudadanos, contra el departamento de Córdoba, a través de las cuales solicitan se establezca como responsable al demandado por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de un acuerdo de reestructuración, por medio del cual se declararon los contratos de prestación de servicios de los demandantes, como verdaderas relaciones laborales.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que, en el asunto objeto de análisis no se discute la validez de los actos administrativos que reconocieron parcialmente las acreencias laborales, sino la dilación en su cumplimiento, que se prolongó en contravía de los plazos consignados en el acuerdo de reestructuración.

Por consiguiente, al recaer la discusión en la eventual responsabilidad del Departamento de Córdoba por el incumplimiento de una obligación y la generación de perjuicios a los acreedores laborales, para la Sala es claro, en reiteración del Auto 3121/23, de conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer estas demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de “las acciones u omisión de una entidad pública”, en este caso el departamento de Córdoba.